La resolución de la Suprema Corte sobre la reforma electoral potosina mantiene las disposiciones impugnadas para el próximo proceso local, de acuerdo con la información difundida este 4 de noviembre. El asunto deriva de las acciones promovidas por Somos y el Ejecutivo Federal contra el Decreto 0571.

Uno de los puntos centrales son los controles de confianza para aspirantes. La legislación los plantea como una decisión voluntaria: no someterse a una evaluación no puede convertirse en impedimento para registrar una candidatura ni generar una consecuencia jurídica desfavorable.

La reforma también contempla una sindicatura por ayuntamiento y el uso de sistemas electrónicos para el registro de candidaturas. El enfoque de esta nota son esas disposiciones y la controversia judicial, separado de las declaraciones partidistas sobre el fallo.

El material difundido refiere además que permanece pendiente el cumplimiento de consultas ordenadas en una sentencia anterior respecto de comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad. Mantener vigente esta reforma no debe confundirse con dar por cumplida esa obligación.

El Congreso explicó desde la aprobación de los cambios que las evaluaciones son voluntarias y no constituyen un requisito de elegibilidad. La explicación oficial de la reforma puede consultarse aquí.