CON ESE OBJETIVO, LA DIP. SARA ROCHA MEDINA PRESENTÓ UNA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY ESTATAL DE SALUD

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar la Ley de Educación del Estado para que las instituciones de educación superior puedan garantizar la atención a la salud mental, con personal especializado y estructura organizacional que específicamente tenga las funciones de atender estos temas.

Es fundamental atender en etapas tempranas cualquier tipo de padecimiento, lo que hace necesario una estructura en los planteles de educación superior que permita prevenir, atender y en su caso poder encausar a las y los estudiantes que requieran atención especializada en el tema de salud mental, señala la propuesta.

Consideró la legisladora que en México el interés en la salud mental y el bienestar se encuentra sumamente desestimado, a pesar de que las cifras en todo el mundo indican que la ansiedad y la depresión se están volviendo dos de las enfermedades con mayor prevalencia y causantes de discapacidad.

La diputada Rocha Medina dijo que la etapa de los jóvenes al ingresar a los planteles de educación superior para estudiar una carrera universitaria conlleva retos importantes, por un lado las exigencias propias de la escuela para el cumplimiento de las diferentes actividades escolares, y por otra parte, en muchos ocasiones, los estudiantes tienen que trabajar para solventar tus necesidades económicas que le generan los gastos universitarios, todo esto crea situaciones de estrés afectando directamente la salud mental y emocional de los jóvenes.

Los problemas de la salud mental entre las y los jóvenes y puede significar un obstáculo para continuar con sus estudios, y las consecuencias tanto emocionales, económicas y sociales que les generan pueden dejar secuelas que perduren toda la vida.

La salud es un derecho humano que, por supuesto, incluye a la salud mental. Como todo derecho humano, el Estado tiene que garantizarlo y las universidades públicas son espacios en los que se puede brindar otras posibilidades a poblaciones que han sido históricamente muy vulneradas.

Por lo tanto, es una obligación del Estado garantizar el respeto irrestricto respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud mental.

La iniciativa de la diputada Sara Rocha se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.