Cada cuatro años, la Copa del Mundo llega acompañada de una promesa difícil de igualar: la celebración del deporte más popular del planeta, la unión entre naciones y la posibilidad de que millones de personas compartan una misma emoción. Sin embargo, detrás de la fiesta existe otra historia que suele repetirse con inquietante regularidad. Allí donde se instala el Mundial, la copa termina por desbordarse. Se desborda de cuestionamientos, de críticas, de inconformidades y, en muchos casos, de movilizaciones sociales que encuentran en el evento una oportunidad única para hacerse visibles ante el mundo.

No se trata de una casualidad. La Copa del Mundo es uno de los escaparates mediáticos más grandes que existen. Durante semanas, la atención global se concentra en un solo país. Gobiernos, empresas, organismos internacionales y medios de comunicación observan cada detalle de la sede. En ese contexto, las demandas sociales que durante años pudieron permanecer relegadas adquieren una resonancia inédita. El Mundial se convierte entonces en una vitrina no sólo para el fútbol, sino también para las tensiones políticas, económicas y sociales de los países anfitriones.

La historia ofrece numerosos ejemplos de ello. Como documenta el periodista Eduardo Mesa Leiva, diversos gobiernos han utilizado la Copa del Mundo como un instrumento de legitimación política y propaganda. La Italia de Benito Mussolini convirtió los mundiales de 1934 y 1938 en una exhibición de la fortaleza del régimen fascista. Décadas después, la junta militar argentina utilizó el Mundial de 1978 para proyectar una imagen de normalidad y éxito internacional mientras mantenía una política sistemática de represión y desapariciones forzadas. Más recientemente, países como Rusia en 2018 y Catar en 2022 aprovecharon el torneo para fortalecer su posicionamiento internacional y construir narrativas favorables sobre sus gobiernos y modelos de desarrollo.

En 2014, en Brasil, la Copa del Mundo llegó en medio de un intenso debate público sobre los costos y beneficios asociados a la organización del torneo. Mientras el gobierno impulsaba importantes inversiones en infraestructura, estadios y movilidad urbana con la expectativa de generar beneficios de largo plazo, diversos sectores de la sociedad cuestionaban si esos recursos pudieron haberse destinado en mayor medida a rubros como salud, educación y transporte público.

Este año en México, la Copa del Mundo ha vuelto a demostrar cómo los grandes eventos deportivos pueden convertirse en un punto de encuentro entre la celebración y la protesta. Diversos colectivos, organizaciones sociales y grupos de víctimas han sabido usar a su favor la atención internacional generada por el torneo para visibilizar demandas relacionadas con desapariciones, derechos laborales, acceso a la vivienda y procesos de transformación urbana asociados a la preparación de las ciudades sede. Al mismo tiempo, han surgido cuestionamientos sobre la creciente dificultad para que amplios sectores de la población puedan ver los partidos. En distintas ciudades del país también se han expresado preocupaciones por los efectos que las obras y proyectos vinculados al Mundial podrían tener sobre la segregación de barrios empobrecidos, el uso del espacio público, las dinámicas comunitarias y el costo de la vivienda.

En Estados Unidos, país que alberga la mayor parte de los encuentros del torneo de 2026, la Copa del Mundo también ha servido para poner bajo los reflectores debates que trascienden lo deportivo. A pocos días del inicio de la competencia, cerca de dos mil trabajadores del SoFi Stadium, en Los Ángeles, anunciaron ir a huelga para exigir mejores condiciones salariales y garantías laborales durante el Mundial. Entre sus principales preocupaciones figuran además la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las sedes del torneo, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias y el incremento de los operativos de control migratorio. Aunque aparentemente se alcanzó un acuerdo para evitar el paro, el conflicto evidenció cómo incluso la organización logística del Mundial puede convertirse en un espacio donde convergen demandas laborales y preocupaciones sobre derechos civiles. Asimismo, la realización del torneo ha coincidido con crecientes cuestionamientos a las políticas migratorias de la administración Trump, particularmente por los obstáculos, revisiones exhaustivas, restricciones de visado y casos de trato hostil reportados por visitantes, delegaciones y turistas que buscan ingresar al país con motivo de la competición.

Por otro lado, la utilización política de los mundiales no depende únicamente de los gobiernos. La propia estructura del torneo genera incentivos para que los Estados destinen enormes cantidades de recursos públicos a satisfacer las exigencias de la FIFA. Estadios de primer nivel, infraestructura especializada, operativos de seguridad extraordinarios, adecuaciones urbanas y beneficios fiscales forman parte de los compromisos que asumen los países anfitriones. En consecuencia, la organización del Mundial suele convertirse en una prioridad gubernamental capaz de movilizar recursos que rara vez se observan para atender demandas sociales cotidianas.

Es precisamente ahí donde emerge el descontento. Cuando una sociedad observa la rapidez con la que pueden construirse obras, modificarse reglamentos o destinarse miles de millones de dólares para cumplir con requisitos deportivos, inevitablemente surge la pregunta de por qué la misma determinación no se aplica para resolver problemas de larga data relacionados con vivienda, transporte, salud, educación o derechos laborales. El Mundial no crea necesariamente el malestar; lo expone. Revela conflictos que ya existían y que, en muchos casos, permanecían latentes.

Por ello, los ciclos de protesta que acompañan a estos eventos deben entenderse como algo más profundo que una simple oposición al fútbol. Los reflectores internacionales ofrecen a organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, sindicatos y comunidades afectadas una oportunidad excepcional para visibilizar sus demandas y presionar a los gobiernos. Algunas de estas exigencias responden a agravios recientes derivados de la organización del torneo; otras son reclamos que encuentran en el Mundial una plataforma para alcanzar una audiencia global.

La paradoja es que un deporte construido como una expresión popular termina siendo utilizado para reproducir dinámicas que excluyen precisamente a mayorías empobrecidas. Los costos asociados a la organización de los mundiales suelen generar procesos de segregación territorial y económica. La construcción o remodelación de estadios y espacios públicos puede implicar desplazamientos de comunidades enteras. Las restricciones comerciales alrededor de las sedes afectan a pequeños comerciantes y trabajadores informales. Las medidas de seguridad modifican la vida cotidiana de barrios completos. A ello se suma una creciente mercantilización de la experiencia futbolística.

La Copa del Mundo de 2026 no parece escapar a esta tendencia. El aumento en los precios de los boletos, los complejos mecanismos de compra, la proliferación de mercados secundarios y fenómenos de reventa que elevan aún más los costos han convertido la asistencia a los partidos en una experiencia cada vez menos accesible. Del mismo modo, la concentración de derechos de transmisión limita las posibilidades de acceso universal a los encuentros, mientras que las restricciones comerciales dentro y alrededor de los estadios favorecen a patrocinadores y grandes empresas en detrimento de comerciantes locales y habitantes de las zonas intervenidas.

Ante este panorama, suele plantearse un falso dilema. Con frecuencia, la discusión pública deriva hacia una pregunta equivocada: ¿el fútbol es bueno o malo? Como si el problema radicara en el deporte mismo o en la pasión que despierta entre millones de personas. Sin embargo, el debate relevante debería dirigirse hacia otro lugar: ¿es aceptable la manera en que se organiza, administra y lucra con el fútbol contemporáneo?

El fútbol no es responsable de los desalojos, de las desigualdades urbanas, de las restricciones comerciales ni de las decisiones políticas que privilegian la rentabilidad económica por encima del bienestar social. Es la industria que se ha construido alrededor de él la que ha contribuido a normalizar prácticas que colocan el lucro en el centro y relegan a las poblaciones afectadas a un papel secundario. Cuando las críticas recaen exclusivamente sobre el deporte, se pierde de vista la compleja red de intereses económicos y políticos que opera detrás de los grandes eventos internacionales.

Quizá por ello la Copa del Mundo representa una de las mayores ironías de nuestro tiempo. Diseñada para celebrar la unidad global a través del deporte, termina revelando con frecuencia las fracturas más profundas de las sociedades que la reciben. Año tras año, sede tras sede, la copa vuelve a desbordarse. Se desborda de inconformidades, de cuestionamientos y de demandas que encuentran en el escenario mundial una oportunidad para ser escuchadas. Y mientras los países cambian, los reclamos suelen repetirse. La atención internacional se desplaza, los estadios se vacían y las cámaras se apagan, pero las condiciones que dieron origen a muchas de esas críticas permanecen. Tal vez la pregunta pendiente no sea por qué la copa siempre se desborda, sino por qué quienes la administran parecen tan poco interesados en evitarlo.