México se encamina a la revisión del T-MEC en una posición de vulnerabilidad por la falta de certeza jurídica y la opacidad en la política interna, advirtió Jaime Chalita Zarur, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM). En este contexto, subrayó que el país se juega su credibilidad en la mesa de negociación del tratado, en medio de un “escándalo internacional” que inhibe la llegada de capitales justo cuando se busca aprovechar la relocalización de empresas (nearshoring).

El líder empresarial recordó que el proceso de revisión debe concluir el 1 de julio de 2026, conforme al Artículo 34.7 del acuerdo, fecha en la que los socios deberán confirmar por escrito su continuidad. Llegar a este punto sin orden institucional, advirtió, pone en riesgo la estabilidad comercial de México, además de que cualquier decisión sin respaldo del sector empresarial o bajo un sistema de justicia selectivo representará un retroceso económico para el país.

Ante el clima de polarización política, Chalita exigió que se respete un marco de derecho “por igual entre los iguales”, señalando que no se puede aplicar una “doble vara”. El debate actual evidencia una contradicción institucional: mientras se critica a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntos desacatos y falta de comunicación con la presidencia, existe una grave acusación de protección hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a señalamientos penales provenientes del extranjero. Esta disparidad en la aplicación de la justicia, afirmó, debilita la credibilidad de México ante sus socios comerciales.

El CEM alertó que esta falta de gobernanza equitativa abre la puerta a una negociación desfavorable, donde México podría verse presionado a ceder sectores estratégicos a cambio de estabilidad política. Asimismo, denunció que el sector privado enfrenta reglas diseñadas de manera unilateral y sin consulta, lo que limita el respaldo técnico de los negociadores nacionales ante nuevas exigencias, particularmente en materia de seguridad.