Los refugios para mujeres víctimas de violencia deben contar con intérpretes en lenguas maternas o lengua de señas mexicanas

ESTO PERMITIRÁ UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN Y EVITAR REVICTIMIZACIÓN: DIP. DOLORES ROBLES CHAIREZ

Para que los refugios cuenten con el personal traductor o intérprete en lenguas maternas o lengua de señas mexicanas, la diputada Dolores Robles Chairez, propuso una iniciativa para reformar el artículo 49 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

De esta manera, se busca incluir como parte de las obligaciones de los refugios para mujeres víctimas de violencia, cuenten con personal traductor o interprete en lengua materna o lengua de señas mexicanas; en caso de no tenerlo, podrán auxiliarse de las instituciones.

Con esto, se busca brindar a las mujeres una atención integral, pues se requiere entender su cosmovisión y lengua, por lo cual se busca con esta reforma que las mujeres en condiciones de vulnerabilidad no sean revictimizadas por barreras de lengua en momentos de crisis.

Señala que San Luis Potosí es una de las entidades con alta presencia de lenguas indígenas, destacando dentro de estas el náhuatl, teének y xi´iuy, y  para muchas mujeres indígenas es el principal o único medio de comunicarse.

Por ello, es importante que los refugios cuenten con personal intérprete o traductor, para así facilitar la comunicación y generar confianza a las niñas y mujeres y que pueden acceder a cualquier medida de protección.

“Estas mujeres que específicamente enfrentan alguna barrera de comunicación por su lengua o que viven en las comunidades y pueblos indígenas, se encuentran doblemente expuestas a la violencia, dadas las condiciones de rezago económico y social en las que se desenvuelven,  y la barrera lingüística puede llegar a constituir un nivel adicional de violencia”.

La legisladora reiteró que la violencia contra las mujeres constituye una de las expresiones más graves de desigualdad estructural y una violación sistemática a los derechos humanos, que exige respuestas integrales eficaces y sensibles a la diversidad social y cultural de quienes la padecen.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis.

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